Gabinete PRENSA PP el 31/03/2011 - 10:03 nos informa:

RUEDA DE PRENSA PP 30 DE MARZO DE 2011

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RUEDA DE PRENSA (30 DE MARZO DE 2011)


NUEVAS IRREGULARIDADES EN LA GESTIÓN DEL ALCALDE


TRÁFICO DE INFLUENCIAS, PREVARICACIÓN Y AMIGUISMO DESDE LA VULNERACIÓN DE TODA NORMA APLICABLE, HAN SIDO A JUICIO DEL PARTIDO POPULAR LAS CONSTANTES EN LA GESTIÓN DE JESÚS DIONISIO

UN INFORME DE LA CÁMARA DE CUENTAS REGIONAL SOBRE CONTRATACIONES PONE EN LA PICOTA AL ALCALDE


DESCUBIERTAS NUEVAS PRUEBAS DE IRREGULARIDADES ESTA VEZ  EN LOS CONTRATOS MUNICIPALES A LA EMPRESA URBAN NETWORK SOLUTIONS, DE LA QUE ES SOCIA LA ANUNCIADA CANDIDATA SOCIALISTA DOÑA NIEVES CANO HERRERO


El Partido Popular llevará el caso a los Tribunales si el Alcalde no actúa tras este escándalo y le exige, entre otras medidas, que retire a esa candidata de la lista electoral


Una de las primeras iniciativas que presentó el Partido Popular al Pleno de la Corporación en esta legislatura (2007-2011) se refería a la constitución de una Comisión de Vigilancia de las Contrataciones que garantizase la transparencia y velase por el cumplimiento de la legalidad en las contrataciones efectuadas por el gobierno municipal. Comisiones similares existen en otros muchos Ayuntamientos e Instituciones, por ejemplo en la Asamblea de Madrid. Ante la desidia del Alcalde a la hora de constituir tal Comisión, la iniciativa ha sido reiterada en varias ocasiones.

Expirada la legislatura, la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones sigue sin constituirse. El Alcalde ha venido dilatando su constitución para tratar de evitar el control de las acciones de su gobierno, que legítimamente corresponde a la oposición, en un área tan sensible como es la contratación de bienes y servicios.

No es ésta la única artimaña utilizada por el Alcalde para evitar el control a su gestión. Debemos  recordar, entre tantas otras,  su negativa a que se investigue acerca de las irregularidades producidas en los procesos de selección de personal de limpieza o su negativa a que las cuentas del Ayuntamiento, de la Sociedad Local del Suelo y la Vivienda y de ADESA  sean objeto de auditoria y fiscalización por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

En cuanto a las contrataciones, además de no proceder a la constitución de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, resulta relevante el incumplimiento reiterado de la obligación legal que el Alcalde tiene de remitir a la Cámara de Cuentas la relación de todos los contratos celebrados con particulares y empresas privadas, para que se proceda a su fiscalización. No lo hace desde el año 2005.

Informe de la Cámara de Cuentas

El Informe de la Cámara de Cuentas referido precisamente a aquel año 2005 es demoledor. Se recoge en ese Informe que hay una “excesiva concentración de contratos en un proveedor que no se ajusta al principio de buena administración (artículo 4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas) ni favorece la transparencia, la publicidad y la concurrencia que deben presidir la contratación que realiza”. Y el Informe añade que existen “fraccionamientos del objeto de los contratos que atentan contra estos principios”. Además dicho Informe relaciona una serie de números de contratos asignados a un solo proveedor, llegando a sumar hasta un total de 25 contratos con una misma persona en un solo año.

El citado Informe contiene también una relación de otros contratos que habían sido fraccionados para que los importes no rebasasen las cuantías establecidas en la ley de  modo que se permitiera acudir al procedimiento negociado sin publicidad pero que se adjudicaron el mismo día y a la misma empresa. Además, y también lo recoge el Informe, esos contratos necesitaron de inmediato la tramitación de modificados, incrementando los importes y situándolos por encima del límite que habría exigido acudir al procedimiento negociado. Resulta evidente que la artimaña se debía a un deseo de vulnerar la ley. Por otra parte en otras contrataciones se exigían clasificaciones no previstas en la ley para favorecer que muchos contratos se adjudiquen a la misma empresa.

Es indudable, con éstos entre otros antecedentes, que las sospechas de tráfico de influencias y de prevaricación están presente en la política general de  contrataciones  seguida durante el mandato de Jesús Dionisio como Alcalde.


Los contratos concedidos a la empresa Urban Network Solutions

1.- Con fecha 8 de octubre de 2008 el gobierno municipal socialista efectúo un “contrato menor” (contrato que no exige más formalización que la aprobación de gasto, pero que sólo puede utilizarse cuando el precio del contrato no supera los 18.000 euros) con la empresa Urban Network Solutions para que ésta, según se señala,  “preste los servicios de auditoria de costes en el campo de las telecomunicaciones”.  La cuantía del contrato: “el porcentaje del 70% del ahorro medio anual en base al perfil del año anterior, sin que supere la cantidad de 18.000 euros, que será considerada como tope…” El plazo de ejecución del contrato: la empresa debía iniciar los trabajos “a la firma del presente documento y deberá entregar el informe de auditoria en el plazo máximo de un mes”

Sin embargo, a día de hoy, sabemos que tal tope no ha sido respetado. Al contrario, el importe se ha elevado a 47.968 euros lo que supone una vulneración de las normas que rigen las contrataciones  por parte de las Administraciones Públicas ya que el importe que excede de los 18.000 euros que recoge el contrato inicial no está amparado por contrato alguno y ha sido contraído por el Ayuntamiento al margen de la legalidad, saltándose las normas que rigen la fórmula del “contrato menor” (hasta 18.000) para así burlar los requisitos del procedimiento que hubiera sido legal de conformidad con el importe final.

Se firmó un contrato por importe máximo de 18.000 euros y se transformó, de hecho, en un contrato ilegal por importe de 47.968 euros lo que supone, en perjuicio de los bolsillos de todos los ribereños, ya que es dinero público, un incremento del precio del contrato del 167%.

Las facturas, con sus importes, que se han abonado a la empresa son:

-Un pago por importe de 2.320 euros con fecha de 3 de julio de 2009.
-Un pago por importe de 2.320 euros con fecha de 30 de diciembre de 2009.        
-Un pago por importe de 2.320 euros con fecha de 17 de marzo de 2010.
-Un pago por importe de 11.040 euros con fecha de 7 de mayo de 2010.

El abono de estas facturas, que suman un total de 18.000 euros, debería haber estado precedido de la correspondiente comprobación del cumplimiento, a satisfacción de la parte contratante, del objeto del contrato,  ya que conforme se expresa en el propio contrato los 18.000 euros suponían el tope económico por la realización del trabajo.

Sin embargo, aparecen en Intervención del Ayuntamiento cinco nuevas facturas fechadas en enero y febrero de 2011 y un Informe del empleado municipal D. Rafael Peces tratando de justificarlas y dando cobertura a su aprobación para que se proceda a su pago. El firmante no tiene reparo en expresar, sin fecha, que “el objetivo del Informe es para exponer las medidas adoptadas hasta el momento en la auditoria de costes”, cuando tal contrato de realización de auditoria de costes, que incluía también la elaboración de una propuesta de reducción de costes sin inversión, estaba entonces ya pagado en su totalidad. Se pretende justificar el pago de esas facturas por un importe total de 29.968,68 euros en que se han aplicado u adoptado unas  medidas de reducción de costes que no tienen cobertura contractual alguna, y ello constituye una pretensión sin amparo contractual alguno y por tanto un intento de timo y de fraude evidente a los ribereños. Una clara malversación del dinero de todos.


2.- Con fecha 21 de diciembre de 2010 el gobierno municipal socialista procede a la adjudicación de un nuevo contrato a favor de la misma empresa: Urban Network Solutions. El objeto del contrato: realizar una  “auditoria de telefonía móvil”; el importe: porcentaje del ahorro obtenido sin que pueda superar la cantidad de 60.000 euros; el plazo de ejecución: un año.

Conforme al importe del contrato, máximo 60.000 euros, la ley exige el denominado “procedimiento negociado sin publicidad” que consiste en que la Administración pública comunica, sin publicidad alguna, a tres empresas la posibilidad de optar a la contratación de modo que estas empresas puedan presentar ofertas. En este caso sólo dos empresas presentaron ofertas.  Estamos en disposición de afirmar que este procedimiento se ha seguido de modo irregular por las siguientes relevantes circunstancias:

- En contra de lo que establece la ley para que la Administración pública pueda adjudicar un contrato, la empresa Urban  Network Solutions no sólo no ha podido acreditar estar al corriente de pago de la Seguridad Social sino que conforme a un Informe de la propia Tesorería General de la Seguridad Social de fecha 22 de octubre de 2010 se determina su “inexistencia de inscripción como empresario en el Sistema de la Seguridad Social”. Y se expresa: “la persona física o jurídica, anteriormente indicada, no figura inscrita como empresario en el Sistema de Seguridad Social y no tiene ni ha tenido asignado Código de Cuenta Cotización en ningún régimen del Sistema de Seguridad Social”. A pesar de que tal Informe consta en el Ayuntamiento se obvió procediéndose irregularmente a la adjudicación.

- En contra de lo previsto en la ley, no existe en el expediente seguido la acreditación de la solvencia económica de la empresa. Nunca fue aportado por dicha empresa.  

- En contra de lo previsto por la ley no existe en el expediente seguido la acreditación de la solvencia técnica de la empresa. Tampoco fue aportado por dicha empresa.

- No existe el Informe que la empresa debería haber presentado recogiendo, de forma detallada, la metodología propuesta para el cumplimiento del contrato. Tampoco la empresa aportó programa de trabajo alguno. Ambos documentos, metodología y programa de trabajo, eran indispensables para que la Administración, en esta caso el Ayuntamiento, decidiera la adjudicación a una u otra de las dos empresas presentadas. A pesar de la inexistencia de tal documentación el contrato se adjudicó a Urban Network Solutions.

- En contra de la pura lógica en defensa del dinero público, y en este caso del bolsillo de los ribereños, la oferta económica de Urban Network Solutions era menos ventajosa que la presentada por la otra empresa optante al contrato en este “procedimiento negociado sin publicidad”. No obstante, el contrato se adjudicó a Urban Network Solutions, descartándose la oferta más conveniente desde el punto de vista económico.

Aún hay más irregularidades. El Partido Popular considera graves los hechos siguientes:

- Trabajos que se incluyen en este contrato tenían que estar ya ejecutados como consecuencia del “contrato menor” de 2008 al que nos hemos referido, que se cumplió y pagó a la misma empresa por importe de 18.000 euros.

- Conforme a los datos que obran en el Registro Mercantil la empresa Urban Network Solutions no tiene entre sus objetos sociales “la auditoria y asesoría en el campo de las telecomunicaciones” como se afirmaba en el contrato de 2008 sino “la comercialización y distribución de productos de telecomunicaciones e informáticos”. No cuenta con el objeto legal y social necesario para que pueda ser el adjudicatario de los contratos que irregularmente le concedió el gobierno municipal socialista presidido por el Alcalde Jesús Dionisio.

¿Quién está detrás de Urban Network Solutions?

 Urban Network Solutions, empresa con domicilio social en Velázquez 26, Aranjuez, tiene entre sus socios a doña Nieves Cano Herrero, candidata nº 20 en las listas del PSOE para las elecciones municipales de 2007 y candidata nº 9 en la lista del PSOE para las elecciones municipales del próximo 22 de mayo.

También figura como socio de Urban Networt Solutions don José Miguel Gómez Aguilar, marido de doña Nieves Cano Herrero, en cuya página de “Facebook” figura como “amigo” “Rafa Peces”, nombre del empleado municipal, citado anteriormente,  que es quien elaboró y firmó el Informe, lleno de falsedades, que justificaba las facturas sin contrato para conseguir su pago (contrato 1 de este documento) , y quien firmó el informe técnico de adjudicación del contrato para la auditoria de telefonía móvil (contrato 2 de este documento).

Evidencia de un fraude

Lo expuesto hasta aquí supone un cúmulo de irregularidades, un evidente fraude, una vulneración de la ley, una muestra de tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y amiguismo.

Exigimos al Alcalde Jesús Dionisio:

1)    - Que proceda a retirar de la lista electoral socialista para las elecciones municipales del 22 de mayo a doña Nieves Cano Herrero. Con este antecedente no está ni mucho menos garantizada la probidad de su actuación pública en el caso de que fuese elegida concejala de Aranjuez.
  
2)    - Que se abra un expediente informativo al empleado municipal don Rafael Peces para evaluar sus presuntas responsabilidades en este entramado de tráfico de influencias.

3)    - Que aclare si, como Alcalde, conocía el fraude o lo desconocía. En el primer supuesto sería cómplice  y en el segundo supuesto quedaría clara su incompetencia como responsable de la gestión municipal.

4)    - Que no autorice el pago de las referidas facturas que no tienen cobertura contractual alguna y que proceda, mediante una revisión de oficio, a declarar la nulidad, por irregular, de la adjudicación efectuada a Urban Network Solutions para la auditoría de la telefonía móvil.


El Partido Popular llevará el fraude a los Tribunales si el Alcalde no actúa

Como lo hasta aquí expuesto supone mucho más que una sospecha, el Partido Popular pondrá el caso en manos de los Tribunales para que tomen las medidas que correspondan de acuerdo con la ley, si el Alcalde no actúa ante este fraude, además de dar traslado del hecho a las Instituciones competentes, ya que creemos que es especialmente grave en tiempos de crisis económica que se saquee el bolsillo de los ribereños y que se destine dinero de todos a favorecer a los amigos, desde acciones claramente irregulares, en lugar de tomar las medidas de austeridad que la situación económica exige. Mientras el conjunto de los ribereños soporta estrecheces económicas los amigos y correligionarios del Alcalde se ven favorecidos por contratos irregulares.

Y esta actitud del gobierno municipal socialista no es nueva ya que también en tiempos de creciente desempleo los amigos y correligionarios del Alcalde encuentran trabajo público de forma irregular como se evidenció en los procesos de selección de personal de limpieza que ya están siendo investigados, pero no por el Alcalde que, como siempre, mira para otro lado.