Actualidad el 16/03/2010 - 19:31 nos informa:

57 vecinos fallecen mientras esperan la ley de Dependencia de la Comunidad

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Un total de 57 vecinos y vecinas de Aranjuez han fallecido mientras esperaban a que la Comunidad de Madrid les otorgara algún tipo de recurso social en virtud de la nueva Ley de Dependencia.


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“Han fallecido sin comunicación alguna de la Comunidad de Madrid, esperando a ser valorados y a recibir un recurso al que tenían derecho”, según explicó hoy la concejala de Servicios Sociales, Montserrat García, al pleno de la Corporación Municipal.

La edil informó hoy, durante la sesión plenaria, de que de las 663 solicitudes tramitadas por los Servicios Sociales de Aranjuez desde la entrada en vigor de la Ley (1 de enero de 2007), correspondientes en todos los casos a vecinos y vecinas dependientes, sólo 29 reciben algún tipo de recurso o prestación.

“De 663 solicitudes, han sido valorados 144 y 105 vecinos tienen establecido al fin el PIA (Plan Individual de Atención, que obligatoriamente ha de establecer la Comunidad de Madrid); pero de todos ellos, 29 personas únicamente reciben algún tipo de prestación social”, señaló.

 
FOTO: image google

La Comunidad de Madrid, hoy por hoy, se encuentra a la cola de las regiones de España en aplicar la Ley de Dependencia.

“De hecho –según informa la delegada de Servicios Sociales del consistorio ribereño-, la Ley de Dependencia establece un máximo de 6 meses para valorar a la persona dependiente que tramita su derecho a recibir alguna prestación, pero la media de valoración en Madrid supera los 18 meses y en algunos casos aún no se han valorado a dependientes que tramitaron su solicitud en 2007”, indicó.

RUPTURA CON UN FONDO CONCERTADO QUE FUNCIONABA DESDE EL AÑO 1989

Estos datos se conocieron hoy en Aranjuez al hilo de la aprobación del nuevo “Convenio de Servicios Sociales de Atención Primaria y de Promoción de Autonomía Personal y la Atención a las Personas en situación de Dependencia” que el Ayuntamiento llevará a cabo en 2010 junto con la Comunidad de Madrid.

Se trata de un acuerdo que asciende a 1.259.355,36 euros y que permite atender, desde un criterio de proximidad, las emergencias sociales, la ayuda a domicilio, los programas de prevención e inserción social, ayudas a mayores, infancia y familia y mantener los centros sociales, así como parte del pago del personal asignado a esta área (25 profesionales de forma directa y 70, de forma indirecta).

Pero el acuerdo de 2010 también representa una ruptura del Fondo Concertado que ha venido funcionando desde 1989 en España y que seguirá funcionando en el resto de autonomías, menos en la Comunidad de Madrid.

Este fondo viene siendo financiado entre el Estado (33%), las comunidades autónomas (33%) y los ayuntamientos (34%), de tal forma que los convenios rubricados anualmente entre el Gobierno regional y los ejecutivos municipales suponían un fondo global que atendía todo tipo de necesidades sociales.

Ahora, con el nuevo convenio, el Gobierno regional destinará los fondos que recibe en exclusividad para atender la dependencia y dejará de financiar todos los restantes casos de necesidades sociales excluidos de la Ley, “con lo que en lugar de aumentar las prestaciones, las recorta”, argumenta la concejala Montserrat García.

AYUDA A DOMICILIO

En Aranjuez, en concreto, el programa de Ayuda a Domicilio supone la atención al “cien por cien” de los vecinos que precisan este servicio (359 personas), tanto si son dependientes como si lo requieren por una necesidad social puntual (por ejemplo: un vecino de 60 años que, viviendo solo, ha tenido una rotura de cadera).

Ahora, con el nuevo convenio –rupturista por parte de la Comunidad de Madrid con un modelo que ha funcionado durante 25 años en la región y sigue funcionando en el resto del territorio nacional-, todos los casos de ayuda a domicilio en los que no concurran casos de dependencia tendrán que ser costeados a un cien por cien por parte de los ayuntamientos.

“Se utiliza la Ley de Dependencia y los fondos que aporta el Gobierno de España a la Comunidad de Madrid para recortar servicios, en lugar de para ampliarlos”, recalca la concejala Montserrat García.

“Si aprobamos el nuevo convenio de Servicios Sociales para 2010 es exclusivamente por responsabilidad, para no dejar en la calle a las 360 familias que hoy, dependientes o no dependientes, precisan de la ayuda a domicilio y el programa de teleasistencia, pero no podemos dejar de denunciar que la Comunidad de Madrid está mermando los servicios sociales a las personas que realmente los necesitan”, señaló la edil.